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ARTICULO DE OPINIÓN // Entre el Hecho y el Derecho // POR ALFONSO REYES

EL RADAR.COM,En un sinnúmero de ocasiones, muchos ciudadanos sufren las consecuencias de acciones vinculadas a hechos cotidianos que con un mínimo de conocimiento éstas serían fácilmente evitadas, sin que para ello se necesite dominar, en extremo, reglas o normas institucionales.

Lo anterior es observable en instituciones públicas, pero en entidades privadas también, aunque menos frecuente que en las estatales. 
La situación cobra mayor dramatismo, porque esas situaciones son aprovechadas  por terceros que no tienen un mínimo de reparo en sus actuaciones supuestamente de auxilio a los ciudadanos, pero a un considerable costo.
Existen también en estos casos, prestadores de servicio que crean, ex profeso, esas circunstancias en interés de obtener alguna ventaja personal, sin dejar de reconocer que en gran número de instituciones del Estado ese comportamiento ha experimentado alguna mejoría.
En variadas circunstancias algunos hechos son llevados a tal grado de dificultad para el ciudadano que es necesaria la intervención de un tribunal de la República para lograr el esclarecimiento definitivo de éstos, cuando solo era necesario un mínimo de  eficiencia en la ejecución administrativa.
Para muestra vasta un botón. 
En cualquier día laboral un ciudadano acude al Oficial del Estado Civil más cercano a su residencia a los fines de realizar la declaración  de un niño para obtener el Acta de Nacimiento, en este caso presenta los documentos correspondientes, incluyendo los de su consorte; el oficial lo recibe y al cabo del plazo determinado, el que éste decida, le comunica que debe pasar a realizar el retiro correspondiente. Pero el día de la entrega o del retiro del documento solicitado, el ciudadano toma recibe éste, pero no se percata en el mismo lugar  tiene un error, sino que lo descubre cuando ha llegado a casa. 
En esa circunstancia, se necesita el auxilio de un abogado para corregir el error material que es el nombre técnico de ese hecho y para lo cual es necesario seguir un procedimiento riguroso, que obviamente  implica dinero.
Si el ciudadano lee bien el documento antes de abandonar el lugar y advierte el error, al oficial del Estado Civil no le queda otro camino que no sea corregirlo inmediatamente y sin ningún cargo adicional para el beneficiario del servicio, por qué razón, porque así lo establece la Ley 659, relativa a los actos de la vida civil en la República Dominicana.


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- Por: RAFAEL BERROA - Artículo: ARTICULO DE OPINIÓN // Entre el Hecho y el Derecho // POR ALFONSO REYES
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