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NUESTRO EDITORIAL // LA NUEVA LEY DE TRANSITO

EL RADAR.COM.-El tema de los accidentes de tránsito, con sus fatales consecuencias en términos de vidas perdidas; de personas discapacitadas total o parcialmente y de cuantiosos daños materiales ha sido una constante en Teledebate.   

Lo ha sido también de temprana preocupación en nuestro accionar periodístico, que ya hace más de cuatro décadas, siendo director del noticiario Radio Reporte, de La Voz del Trópico, nos llevó a organizar, en esfuerzo mancomunado con Rafael Molina Morillo y el vespertino El Nacional, del cual era propietario y director, el I Seminario sobre Tránsito en la República Dominicana.  

Fue un evento del cual surgieron propuestas muy atinadas que, por desgracia, quedaron reducidos a la categoría de buenos deseos, de cosas que pudieron y debieron hacerse y nunca se llevaron a cabo.

 Ahora, después de larga espera y cansona insistencia, disponemos de una nueva ley de tránsito y un novedoso organismo regulador del mismo, bajo la modalidad de un Instituto, que es de esperar sustituya y deje sin efecto la multiplicidad de organismos creados en el tiempo que, cada uno por cuenta, sin real concierto, estaban supuestos a intervenir en la regulación del transporte, tanto público como de carga.

Toda persona sensata está de acuerdo en que el país requiere de una ley actualizada que regule el tránsito tanto público como privado, de pasajeros y de carga. Que es necesario elevar el monto de las multas y las penalidades a los conductores desaprensivos que quieren seguir violando las normas con la misma impunidad que hasta ahora.  

Y que permita, sobre todo, reducir el número de accidentes y la elevada cantidad de personas que pierden la vida, o quedan discapacitados total o parcialmente por esa razón.Pero algunas disposiciones de la nueva ley tienden a provocar situaciones que es preciso tomar en cuenta. 

Una de ellas: que con la  prohibición de que personas de más de 65 años presten servicio en el transporte público y de carga, se estima que más de 33 mil choferes quedarán sin trabajo, lo cual originará un grave problema socio-económico al cual no podemos darle la espalda.

Otra, que al  limitar el número de pasajeros en los carros de concho y los ómnibus, choferes y empresas de transporte presionarán por  un aumento en el precio de los pasajes, mermando el presupuesto de cientos de miles de personas que no disponen de vehículo propio y las cuales, al presente, tienen que destinar una buena cantidad de sus ingresos para pagar los elevados costos de transportación a sus lugares de trabajo y distintas diligencias.

Y la tercera, que el monto de las multas, si bien debe ser suficientemente elevado para que el transgresor lo piense dos veces antes de violar las normas, en caso de resultar demasiado exagerado tenderá a generar protestas y estimular la evasión.  

Adicionalmente, hay que facilitar el pago de las mismas que al presente está sometido a un molestoso y dilatado trámite burocrático que no se justifica teniendo a mano los eficientes mecanismos que provee la moderna tecnología.

Por lo demás, a reserva de cualesquiera otros ajustes, hay que saludar esta nueva actitud y saludable interés en regular nuestro desordenado y caótico sistema de tránsito, preñado de violencia, a fin de poner freno a la interminable sangría de los accidentes vehiculares, que por mucho constituyen la principal causa de muertes violentas en el país.MR


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- Por: RAFAEL BERROA - Artículo: NUESTRO EDITORIAL // LA NUEVA LEY DE TRANSITO
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