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NUESTRO EDITORIAL // DECLARACIÓN DE BIENES.

EL RADAR.COM.-Fruto de un laborioso y tenaz proceso de aprobación, donde después de haber sido aprobada en el Senado, perimió varias veces en la Cámara de Diputados, la ley 311-14, de Declaración Jurada de Patrimonio,  que procuraba convertirse en un eficaz instrumento para prevenir, combatir y sancionar la corrupción en la Administración Pública, no ha podido cumplir este objeto ni siquiera mínimamente.

Tal como hemos señalado en otras ocasiones al referirnos a la misma y  ahora acaba de expresar el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños, la legislación ha mostrado ser “ineficaz, limitada e insuficiente” tanto por su Reglamento como por la falta de una acción coordinada por parte de los órganos de aplicación.  De manera expresa, cita la Cámara de Cuentas. 

Cuando el Presidente Danilo Medina, en cumplimiento de la ley hizo su declaración de bienes y de igual modo, la vicepresidenta Margarita Cedeño y los miembros del gabinete, se daba por supuesto que servirían de ejemplo para que el resto de los funcionarios comprendidos en la misma, hicieran lo propio.  Fueron muchos, sin embargo, los que no se dieron por enterados.

Si bien es cierto que la ley que obliga a los servidores públicos a partir de un debido rango de importancia y responsabilidad a declarar sus bienes bajo juramento, al momento de asumir sus funciones y luego al cesar en los cargos la misma ha sido reiteradamente incumplida y burlada sin consecuencias para los transgresores.  Esto así, no obstante que la misma establece de manera expresa las sanciones de aplicación en cada caso, comprendidas en tres etapas.  La primera es de amonestación, la segunda de retención del salario y la tercera de destitución.

Nada de esto ha ocurrido.  Pese a que alguna que en alguna que otra ocasión se ha amenazado con la aplicación de sanciones, estas no han tenido lugar.  Ni la amonestación, ni la retención de los emolumentos, ni mucho menos la destitución.

Sin embargo, justo hacer una excepción.  En días recientes el Alcalde de Santiago, Abel Martínez, dio a conocer que retendría los sueldos de la vice-alcaldesa y varios regidores por no haber cumplido con el mandato de la ley de Declaración Jurada de Patrimonio.  En todo caso, una acción aislada que solo confirma la regla.  Que se sepa su gesto no ha tenido imitadores.

La ley, por consiguiente, ha sido in-funcional. Ni se ha cumplido a cabalidad ni se ha aplicado. Tampoco ha habido mayor interés en muchas instancias de gobierno y en los propios partidos políticos por reclamar de sus miembros en posiciones públicas, ya en organismos del Estado, ya en posiciones electivas transparentar sus bienes.

 Ahora que está sobre el tapete del tema de prevenir y sancionar la corrupción, debiera ponerse empeño en que la ley se ponga en vigencia, se exija su cumplimiento y se apliquen las sanciones establecidas a los incumplidores.  Aunque es solo un primer paso dentro de un mecanismo de mayor complejidad y alcance para garantizar el correcto manejo de los fondos públicos y evitar el enriquecimiento ilícito de los funcionarios en perjuicio del Estado y el país, el solo hecho de evadirla debe mover a suspicacias y servir de alarma.

De no hacerlo así, lo único que quedaría por hacer es echarla al zafacón. MR

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- Por: RAFAEL BERROA - Artículo: NUESTRO EDITORIAL // DECLARACIÓN DE BIENES.
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